La persona, al día siguiente, realizó 45 transacciones “correspondientes a transferencia electrónica de fondos a diferentes personas”, que en total ascendieron a $315 millones.
El citado medio sostuvo que Banco Santander reaccionó oportunamente y restituyó los fondos; luego, tomó acciones legales.
“Nuestra funcionaria, fuera de todo protocolo para este tipo de situaciones, bloqueó la tarjeta de coordenadas que el cliente poseía (…), luego le hizo entrega de una nueva la cual activó de inmediato y finalmente modificó, a requerimiento del supuesto cliente, sus datos básicos como correo electrónico y teléfono”, indicó en la querella que presentó.
La ejecutiva, por su parte, admitió que actualizó los productos que le solicitó el supuesto cliente el cual, como afirmó haber sido víctima de un asalto, no contaba en ese momento con su carnet de identidad.
Por tanto, tampoco hubo comprobación de firma.
El banco, por todo, señaló que la situación escapó de todo procedimiento y “debió ser advertida por una funcionaria capacitada y antigua”.
Este caso quedó en manos de la justicia, a quien se solicitó que se persiguiera a él o los responsables del fraude.
