El Gobierno de Perú confirmó que se encontró los cuerpos sin vida de los 13 trabajadores que fueron secuestrados por mineros ilegales y criminales, en la provincia de Pataz, región La Libertad, a casi 800 kilómetros de distancia de Lima.
Las víctimas mortales brindaban servicios a un minero artesanal con quien la minera Poderosa “mantiene un contrato de explotación”, según indicó dicha compañía en un comunicado difundido el último viernes.
La minera indicó que, previamente, los delincuentes atacaron la operación del minero artesanal para tomar control de la misma y criticaron al gobierno y al congreso por transformar la localidad en “un territorio sin ley”.
Encuentran muertos a 13 trabajadores secuestrados en Perú
El pasado martes, familiares de las víctimas indicaron a nuestro medio asociado RPP que estos dejaron de comunicarse con ellos desde el último 27 de abril, cuando se encontraban laborando en un socavón.
Los trabajadores eran parte de la empresa R&R y, según confirmó el general PNP Carlos Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad, el plagio ocurrió exactamente el 25 de abril.
Además, de acuerdo a lo afirmado por los familiares, los secuestradores exigían una alta suma de dinero a la compañía minera a cambio de su liberación.
De acuerdo a fuentes policiales, los trece trabajadores se encontraban en lo que sería un socavón, maniatados, vendados y desnudos cuando fueron ejecutados con un disparo en el cuello por parte de los criminales.
“Pataz, hoy convertida en un territorio sin ley”
Por su parte, a través de un comunicado difundido hoy, la minera Poderosa lamentó el fallecimiento de las 13 personas “que fueron cruelmente asesinadas por los criminales aliados a la minería ilegal” y resaltó que ya son casi 40 personas que han sido víctimas mortales de ese tipo de delincuencia.
“De esta manera, suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz, hoy convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente, segando vidas, sembrando el terror y sometiendo voluntades“, indicó.
En ese sentido, la compañía señaló la responsabilidad que tendría el Ejecutivo y el Congreso en que Pataz se encuentre en una “espiral de violencia descontrolada”, pese a “la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial que, lamentablemente, no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona”.
“No será posible derrotar la delincuencia si, a pesar de nuestros reiterados pedidos, la policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales; y cuya ubicación está plenamente identificada y georeferenciada”, indicó.
“Mayor responsabilidad le corresponde a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas que, a pesar de los requerimientos planteados, sigue sin atender los pedidos de exclusión presentados por la empresa para retiarar de sus concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción”, resaltó.
“Lo mismo por parte del Congreso, cuyas reiteradas ampliaciones del REINFO han servido de manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso”, enfatizó.
