El ingeniero comercial Pablo Aguayo Depallens, uno de los líderes, coordinaba con proveedores para enviar droga oculta en alimentos en barcos subsidiados por el Estado. Rodrigo Becerra Zúñiga, exempleado municipal, aprovechaba su cargo para distribuir la droga en la isla. La investigación reveló conexiones entre los miembros de la red, incluyendo a Pablo Aguayo, quien criticó al gobierno en redes sociales por no combatir la delincuencia. Los seis imputados enfrentan cargos por tráfico de drogas y asociación ilícita, quedando en prisión preventiva por decisión judicial.
Un exempleado municipal de Juan Fernández y un ingeniero comercial, además de otros cuatro implicados encargados de la logística, fueron detenidos en una operación antidrogas inédita en la que participó la PDI, la Armada, Aduanas y el Ministerio Público. La droga llegaba al archipiélago oculta entre alimentos -tales como mayonesa, lechugas o choritos- y al interior de pequeñas bolsitas que posteriormente se vendían hasta en cuatro veces su valor comparado con los precios del continente.
El funcionario de la pasta
De esta forma se mantuvieron operando por varios meses al menos dos grupos dedicados al tráfico con proveedores y líderes distintos, pero con algunas conexiones entre sí.
Aquí emerge la figura de Rodrigo Becerra Zúñiga, un exempleado público que —hasta mayo de 2024— se desempeñó como asistente y chofer de ambulancia en el único Centro de Salud Familiar de la isla Robinson Crusoe, percibiendo una remuneración de poco más de $1,5 millones de pesos.
Según lograron establecer los investigadores, Becerra Zúñiga se aprovechó precisamente de su rol como funcionario municipal para recibir y vender la droga que le enviaban desde el territorio continental.
¿Su principal remitente? Camilo Andrés Mori Sáez, un sujeto que se encargaba de comprar las sustancias ilícitas en la región de Valparaíso y luego las ocultaba entremedio de choritos, tomates triturados o carne molida congelada que posteriormente llevaba hasta la bodega en Valparaíso de Transmarko, empresa a cargo del cabotaje entre Juan Fernández y el continente.
Intercepción telefónica
El vínculo entre ambos quedó en evidencia, por ejemplo, en una conversación telefónica interceptada por los investigadores a mediados de marzo de 2024. En ella Becerra le preguntó a Mori: “¿Te pegai el salto con la hueá que viene o no?”, en referencia a un nuevo envío de droga hacia el archipiélago.
Un cargamento enviado por Mori con posterioridad a esa llamada fue revisado por personal de la Unidad de Drogas de Aduanas en el Terminal Portuario de Valparaíso, detectándose una bolsa de choritos que en su interior traía ocultos un par de gramos de un polvo blanco que posteriormente se comprobó que era cocaína.
Un par de semanas más tarde, el propio Mori volvió a enviar un paquete con destino a Juan Fernández, esta vez etiquetado como “pantrucas”. Como era la tónica, lo que se ocultaba al interior de la bolsa era droga. Esta vez: 44 gramos de pasta base.
Otra de las personas que participó activamente de la cadena logística que lideraba Becerra Zúñiga fue María Angélica Tapia Alarcón, suegra del exfuncionario municipal, quien figura como remitente de un envío de fines de julio de 2024 con la misma fórmula. En esta oportunidad se trató de dos pequeños ovoides con pasta base (21 gramos en total) ocultos en un recipiente con tomates triturados y congelados.
“Gobierno de mierda”
Pese a que no trabajaban necesariamente en conjunto, las pesquisas permitieron establecer que el funcionario municipal tenía conexiones con el líder de otra asociación que compartía el objetivo de llevar droga a Juan Fernández. Se trata de Pablo Aguayo Depallens, un ingeniero comercial fanático de las preparaciones de comida con productos del mar.
Así lo dejó ver en sus reiteradas publicaciones en Facebook, misma plataforma donde le dedicó el 26 de septiembre de 2024 un posteo a la administración del presidente de la República, Gabriel Boric Font, quejándose por la delincuencia.
“Gobierno de mierda que no hace nada con la delincuencia. Militares a las poblaciones en conjunto con Carabineros y PDI. No hay otra forma”, se lee en la publicación que todavía permanece pública y disponible en su perfil.
Sea como sea, en la audiencia de formalización se ventiló que —para conseguir su objetivo de abastecerse de estupefacientes mientras se encontraba alejado del continente— Aguayo Depallens se coordinaba con Marco Gagliardi Miranda, proveedor de droga; y también con Pamela Camus Villa, encargada de los envíos.
Así consiguió, por ejemplo, que el 29 de julio de 2024 llegara hasta el Terminal Portuario de Valparaíso una caja de cartón que tenía su nombre como destinatario y estaba etiquetado con la palabra “Mantención”. Como la fiscalía seguía sus movimientos de cerca, Aduanas abrió el paquete y encontró en su interior un frasco de mayonesa que albergaba una pequeña bolsa plástica negra que contenía 31,8 gramos de cocaína. Sustancia que los investigadores reemplazaron por sal para posteriormente hacer una entrega vigilada de la encomienda a su destinatario sin levantar sospechas.
Exactamente el mismo modus operandi, pero esta vez en un frasco de mayonesa de otra marca, se replicó al mes siguiente. Esta vez los funcionarios aduaneros se encontraron con 34,8 gramos del polvo blanco.
La misma fórmula la repitió Pamela Camus en reiteradas oportunidades, aunque diversificando los alimentos. Así aparecieron a mediados de septiembre de 2024 paquetes con lechuga que tenían como destinatario a Aguayo Depallens, cuyo objetivo en realidad era hacer llegar otros 34,3 gramos de cocaína.
Interceptaciones telefónicas entre ambos permitieron individualizar a un tercer implicado en la red: el proveedor de la droga al que apodaban “Tomate” o “Tomateitor”. Su nombre es Marco Gagliardi Miranda, un sujeto con domicilio en calle San Antonio de Viña del Mar. Su actividad delictual quedó comprobada gracias al exhaustivo seguimiento que hizo la policía de sus movimientos en la ciudad jardín.
Con todo, los seis imputados hasta ahora en esta causa (Rodrigo Becerra Zúñiga, María Tapia Alarcón, Camilo Mori Sáez, Pablo Aguayo Depallens, Pamela Camus Villa y Marco Gagliardi Miranda) fueron formalizados por los delitos de tráfico de droga y asociación ilícita.
En el caso de Becerra Zúñiga, además se le comunicaron cargos por el delito de amenazas como consecuencia de un posteo suyo en redes sociales con el que buscaba amedrentar al alcalde de la comuna de Juan Fernández, Pablo Manríquez Angulo.
Por disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, todos los imputados quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose un plazo inicial de investigación de 90 días.
